Prevención y Atención del Embarazo Adolescente: Una mirada al territorio.

En los últimos años, varios países de la región, incluso concertados en iniciativas regionales donde comparten objetivos y metas de política, principalmente por influencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otras iniciativas puntuales referidas al área de la salud, han reposicionado el tema del embarazo adolescente como una prioridad. El papel técnico jugado por varios organismos internacionales que han invertido en el desarrollo de conocimiento y la implantación de sistemas de indicadores, ha servido para potenciar esas iniciativas y lograr convergencias entre las políticas de educación, salud y asistencia social. Las políticas multisectoriales aparecen repetidamente como una nueva propuesta para la prevención del embarazo a edades tempranas.

Sin lugar a dudas, estos esfuerzos son muy destacables, toda vez que logran comprometer la voluntad y los recursos de varios organismos y no sólo de los tradicionalmente más conectados con el tema de la salud materna infantil y sus riesgos. Pero, el desafío es tan grande, como la envergadura de los esfuerzos que hay que seguir desarrollando por reducir la brecha entre las políticas macro y el nivel local.

La primera constatación que surge a simple vista sobre esto es que debe haber coherencia entre lo que dictan las políticas generales y lo que se hace en los niveles territoriales micro, para lo cual se necesita tener en cuenta la forma en que se aplican esas orientaciones generales de política, con las realidades particulares de cada territorio.

Las estrategias generales tienen como función principal, entregar directrices y orientaciones para que sean seguidas y aplicadas por todos los actores involucrados, es decir, cuya aplicación no puede ser voluntaria o discrecional sino que debe ser asumida como rectoría para el quehacer de todos los involucrados. Sin embargo, es preciso considerar la distinción de lo general – aquello que es universal porque informa los aspectos comunes a todos – de lo que se tolera como particular, es decir, de las singularidades con que cada territorio puede asumir esas directrices y aplicarlas. Por eso es importante dar un enfoque operacional más descentralizado a la estrategia.

Ahora, bien, no existe la estrategia perfecta y habrá tantas versiones como contextos nacionales donde se las formule e implemente. Hay una cualidad principal que se debe cuidar para asegurar que ese instrumento de política es útil y hace sentido para el trabajo de los actores que están en los territorios: la estrategia debe entregar definiciones prácticas que apoyan la toma de decisiones sobre composición, localización y alcance de las intervenciones específicas que se han en los territorios. Es decir, debe haber algún pronunciamiento sobre el grado de prioridad que debe tener el grupo objetivo para cada sector, y especialmente en el caso del embarazo adolescente, la importancia de este tema para unidades educativas, centros de salud y unidades de atención socioasistencial y de protección de derechos.

Asimismo, debe explicitar cuál es la responsabilidad de cada sector en la atención de los y las adolescentes, especialmente si se trata de embarazadas, madres o padres y definir claramente cuál o cuáles serán los mecanismos de atención a través de los cuales se va a trabajar con ellos, ellas y sus familias.

Esto tiene todo que ver con la oferta de programas y servicios que se ponen a disposición en los territorios y, por tanto, se espera que la estrategia rectora informe cuáles son los programas principales que deberán estar disponibles siempre y en todo lugar. La cobertura universal de servicios es una aspiración prácticamente irrealizable, aunque es necesario reconocer, hay algunas coberturas mínimas imprescindibles y que hay que fortalecerlas para que la estrategia de prevención de embarazo tenga un soporte real y efectivo. Y, así como han hecho históricamente muchos sistemas de salud de la región, es importante que esas directrices de política ayuden a sentar responsabilidades sobre el manejo de los sistemas de registro de atenciones que permitan monitorear y evaluar la estrategia. De lo contrario, la rendición de cuentas sobre sus logros no tendrá bases sólidas para identificar resultados y atribuirlos a sus intervenciones.

¿Es suficiente la construcción de un modelo de carácter general/nacional para asegurar que se implemente en los territorios? Sin duda no, porque el funcionamiento de programas y servicios en los territorios depende de contextos locales que a veces exceden la perspectiva de la política general. Esto es particularmente relevante para tratar el tema del embarazo en las adolescentes de manera integral – y en general para trabajar todos los temas relacionados con educación en sexualidad -, se debe tener en cuenta la coordinación entre los programas y servicios pero también su calidad. Sin duda, una de las dificultades principales que enfrentan las instituciones, es incorporar modelos de gestión basados en estándares de calidad y los servicios sociales no son excepcionales en ello. Para eso, se necesita contar con parámetros claros que permitan levantar buenos diagnósticos e identificar correctamente los determinantes del embarazo en adolescentes. Hay cuestiones de “sentido común” que pueden ayudar a dar explicaciones generales sobre por qué es que se produce el embarazo en las mujeres menores de edad y a edades tempranas, hay también otras explicaciones que no son tan claras y en las cuales conviene explorar.

Aquí son importantes los diagnósticos no sólo numéricos sino también cualitativos que permitan saber cuáles son las áreas críticas en las que hay que intervenir. O sea, es necesario sostener una agenda de conocimiento– investigación, estudios y evaluaciones – que sustenten las decisiones que se toman en prevención del embarazo y atención a la maternidad y paternidad adolescentes. Y aquí viene la pregunta central que orienta esta reflexión, basada en la experiencia que está llevando a cabo Costa Rica en la formulación de un modelo integral para tratar estas problemáticas: ¿Cómo sabemos si las intervenciones que estamos desarrollando en un territorio son las adecuadas? Más todavía, ¿En base a qué se pude decir que el mecanismo institucional con que esas intervenciones están funcionando es el adecuado?

Si se aplica un protocolo riguroso, tendríamos que decir que al menos hay que analizar las causas específicas del embarazo adolescente, considerando los territorios, con especial énfasis en las áreas de escasos recursos, áreas rurales o con presencia de población indígena. También, la influencia de factores culturales en creencias y prácticas relacionadas con sexualidad, maternidad, nupcialidad y crianza. La investigación para determinar patrones culturales que influyen en las prácticas de planificación familiar, uso de métodos anticonceptivos o prácticas sexuales prematuras, inseguras o de abuso adulto de niñas y adolescentes, debería ser una línea continua que apoye la gestión de recursos en prevención.

Asimismo, el escenario ideal de toma de decisiones basadas en evidencia, implicaría evaluar la eficacia de metodologías y estrategias de intervención, sobre todo cuando su objetivo es lograr cambios de conducta. De igual forma, evaluar las metodologías de trabajo dirigidas a mejorar percepciones, creencias y comportamientos de madres, padres y cuidadores, sobre sexualidad, planificación familiar, embarazo adolescente y comportamiento sexual y reproductivo responsable. Para todo esto resulta extremadamente útil la identificación de buenas prácticas en la promoción de cambios en patrones socioculturales de la población, y de buenas prácticas en modelos de intervención que realizan consejerías a jóvenes sobre sexualidad y manejo de comportamientos de riesgo. Lo que quiero plantear con mucho énfasis en esta presentación, es que no sólo es necesario innovar en estrategias y metodologías de intervención sino que es preciso innovar en las metodologías de investigación que alimentan el conocimiento sobre el mundo de los y las adolescentes, su sexualidad, sus factores protectores y sus riesgos.

Débora Solís Martínez. Directora Ejecutiva de APROFA.
Fotografía APROFA - Coquimbo.
Nota: Este artículo está basado en la ponencia “Construcción territorial de estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes: la validación que hacen los y las adolescentes como usuarios de las redes de servicios”, realizada por la autora en Venezuela - 2015.