Objeción de Conciencia Institucional: Tercer Intento

9 meses han pasado desde que se promulgó la Ley 21.030, durante ese tiempo 341 mujeres han invocado la ley de despenalización de aborto en tres causales y 309 han interrumpido su embarazo, según información del Ministerio de Salud.

3 han sido los intentos por reglamentar la objeción de conciencia institucional que refrendó el Tribunal Constitucional, y que continuamos cuestionando las organizaciones de derechos humanos y feministas en Chile, porque mantenemos nuestra preocupación frente a una eventual desobediencia civil encubierta por esta figura y avalada por los sectores conservadores del país.

El derecho humano de libertad de conciencia siempre es personal, nunca una decisión institucional, por lo que permitir que las instituciones se acrediten como objetoras, aumenta los obstáculos para que niñas, jóvenes y mujeres puedan ejercer su derecho a decidir y su derecho a recibir una atención en salud oportuna.

Valoramos que en este tercer reglamento, se restringa esta posibilidad para las instituciones privadas de salud que hayan suscrito convenios de obstetricia y ginecología. No obstante, resulta contradictorio, que instituciones privadas que reciben otro tipo de financiamiento estatal puedan negarse a prestar servicios de interrupción de embarazo.

También, destacamos que el Decreto N°67  establezca que las y los profesionales declarados objetores de conciencia, deberán hacerlos en todos los establecimientos donde se desempeñen porque esto resguarda que no exista una dualidad de comportamiento en sus funciones en entidades públicas y privadas, si es que las realiza,  pudiendo ser motivadas por razones lucrativas, o por presiones desde las jefaturas de los servicios en los cuales se desempeñan.

Sin embargo, al quedar la identidad de dichos objetores/as de conciencia como dato sensible y por tanto, información reservada, y no como información pública para todas y todos, atenta a la transparencia de información sobre las competencias, habilidades y servicios que entregan las y los profesionales en sus respectivos establecimientos de salud.

Débora Solís Martínez

Directora Ejecutiva de APROFA