Ha pasado una semana desde que se aprobó la Ley de Aborto en Argentina, luego de una ardua lucha por las mujeres y personas gestantes del país hermano. En Chile, la realidad es diferente, y si bien se ha logrado avanzar algo, aún queda mucho por hacer.

Hoy celebramos con inmensa alegría y esperanza el logro de las compañeras argentinas por la conquista del derecho al aborto legal, voluntario, seguro y sin causales –hasta las 14 semanas de gestación- que se aprobó en el Senado, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, pero es lamentable que sean pocos los países en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, en los que el acceso al aborto sin restricciones sea legal.

En Chile, existe la Ley 21.030 de despenalización del aborto en tres causales, que reduce el acceso a este derecho a un pequeño número de personas y deja a la deriva a cientos de mujeres que se practican abortos en la clandestinidad. A pesar que esta ley reivindica la figura de la mujer como sujeta de derecho se considera insuficiente, puesto que, aún se debe tener en cuenta el hecho de que las mujeres que quieran abortar lo harán dentro o fuera de las tres causales.

A nivel mundial, se sabe que el aborto es una práctica existente desde siempre, pese a las prohibiciones y la penalización que ha traído consigo. No obstante, las mujeres han sido sometidas a políticas estatales insuficientes a la hora de ser reconocidas como sujetas de derecho, cuando no se les hace partícipes en la toma de decisiones y no se proporciona información adecuada al momento de buscar soluciones frente a un embarazo no deseado. A esto, se suma, la falta de políticas educativas que incorporen la sexualidad como un elemento fundamental en la vida de las personas.

Mujeres de todo el mundo a lo largo de la historia han luchado por la conquista del aborto como derecho que reivindica la autonomía sobre los propios cuerpos. La falta de garantías para el ejercicio de este derecho sin exclusiones por parte del Estado, amenaza el principio de indivisibilidad en materia de derechos humanos. Esta imposibilidad que tienen las mujeres de acceder al aborto seguro y legal constituye una amenaza para otros derechos humanos tales como la vida, la libertad, la salud, la no discriminación y la información, entre otros.

Existe la claridad que el aborto seguirá sucediendo, aunque sea en condiciones de clandestinidad, por lo que se requiere con urgencia que sea comprendido como un hecho que incide en la salud y bienestar de cientos de mujeres, con consecuencias para la vida, evitables si se legislara para la mayoría.

El Estado debe trabajar en materia de aborto de manera integral, con una mirada educativa que logre situar a toda mujer como agente activa de su sexualidad, con pleno conocimiento de sus derechos y opciones. Aprofa, apuesta a que las políticas públicas en materia de población y planificación familiar deben de estar orientadas en considerar a las mujeres como sujetas de derecho en primera instancia, para no trasgredir sus Derechos Sexuales y Reproductivos.

Asimismo, la Asociación Chilena de Protección de la Familia APROFA, considera sumamente necesaria la Educación Integral de la Sexualidad (EIS), puesto que esta no solo permite generar procesos de enseñanza/aprendizaje en materia de sexualidad, sino también incluir una serie de temáticas indispensables al momento de la toma de decisiones en torno a la salud sexual y reproductiva, vale decir, la EIS por sobre todas las cosas permite que la mujer, sujeta de derecho, reciba la atención en salud que merece para lograr igualdad de condiciones, recibir información, compartir experiencias y tomar decisiones en libertad, con plena dignidad.